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El ritmo de vida pacífico de los jiw fue interrumpido por primera vez a finales de los años noventa, cuando grupos paramilitares llevaron a cabo en la localidad de Mapiripán una de las más crueles masacres de la historia de Colombia. Desde entonces, el río Guaviare se convirtió en una zona de disputas y los indígenas que en la mitad del siglo habían llegado a esta zona huyendo de otra fase de violencia, empezaron a sufrir las consecuencias del conflicto armado. Desde entonces, los jiw empezaron a abandonar su vasto territorio para asentarse en resguardos próximos a las cabeceras municipales de San José del Guaviare y Mapiripán, como en el caso del resguardo de Barracón, que, con apenas 2.500 hectáreas, es el mayor resguardo indígena receptor de población víctima de desplazamiento interno. Alrededor de 500 personas han llegado al resguardo desde 2008. “El pueblo jiw quiere volver a su forma de vida ancestral. Una población tan dispersa implica también un difícil acceso a los servicios: “Necesitamos volver a un lugar libre para trabajar, continuar a desarrollar nuestra cultura, conseguir comida y plantas medicinales”, dijo Ignacio, capitán del resguardo, al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, durante su reciente visita a Colombia. “Tengo miedo por mí, mi familia y mi pueblo. Seguimos viviendo en condiciones precarias. A los hostigamientos se han añadido otros peligros, la instalación de minas y trampas limitando nuestra movilidad. Sin territorio, es como estar sin padre o sin madre”, dijo Arturo, otro líder comunitario. La pérdida del territorio ha gravemente afectado la capacidad de supervivencia del pueblo indígena para desarrollar sus actividades de subsistencia básica como la caza y la pesca. Este acelerado proceso de cambio ha conducido al aislamiento de estas comunidades, ha menoscabado en forma drástica su población, generando inestabilidad y afectando su capacidad organizativa y de interlocución, dejándolas en la imposibilidad de afrontar esta crisis humanitaria. ACNUR, en su intento de apoyar a los pueblos indígenas en su lucha para la supervivencia, ha puesto en marcha una serie de iniciativas desarrolladas con la participación activa de la población desplazada y por medio de alianzas con las instituciones pertinentes. Estas intervenciones incluyen un diagnostico integral participativo con el pueblo jiw para analizar los riesgos de su situación y las medidas a tomar, así como apoyarlos para reforzar su liderazgo y capacidad de coordinación de la comunidad. Este último ejercicio supuso la creación de la organización “Naxaem” (héroe mitológico del pueblo jiw) que, por primera vez, permite unificar la voz de las comunidades jiw frente a las instituciones y al país. El diagnóstico es una herramienta de base para la elaboración de un plan de salvaguarda del pueblo jiw, tal y como ha indicado la Corte Constitucional de Colombia. Mientras tanto, ACNUR en colaboración con otros actores humanitarios nacionales, como CODHES, Pastoral Social y las autoridades locales, proporciona en los resguardos sistemas de agua y saneamiento, seguridad alimentaría y adecuación de viviendas. En asociación con la alcaldía y el Programa Mundial de Alimentos ha mejorado el acceso a la educación, considerando que el reclutamiento forzado de jóvenes es una de las principales causas de desplazamiento interno en el departamento del Guaviare. “Desde 2004, seis integrantes del pueblo han sido asesinados, 18 han sido víctimas de minas antipersona y municiones sin explotar y una comunidad integrada por 103 personas permanece en situación de confinamiento”. Estos datos preocupantes fueron transmitidos al Alto Comisionado por parte de los líderes comunitarios. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia reconoció los jiw como uno de los 34 pueblos indígenas bajo amenaza de extinción física y cultural y pidió al gobierno tomar medidas de protección específicas su protección. Estos pueblos indígenas incluyen a los nukak, que también se encuentran en el departamento del Guaviare. Los nukak deberían poder contar con más de 900.000 hectáreas de tierras, pero los enfrentamientos constantes, las minas antipersona y el control del territorio ejercido por parte de grupos armados ilegales impiden que puedan regresar a su territorio. Los supervivientes del pueblo nukak se estiman en unas 600 personas. Francesca Fontanini, en San José del Guaviare, Colombia. |

