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Noticias Notas de Prensa ACNUR, preocupada ante el aumento de asesinatos de líderes locales en Colombia

ACNUR, preocupada ante el aumento de asesinatos de líderes locales en Colombia Imprimir

Una foto de archivo de 2008 muestra a niños afrocolombianos desplazados en el asentamiento de Familias en Acción, en las costa del Pacífico cercana al puerto de Tumaco. Las comunidades afrocolmbianas que viven en esta costa han experimentado altos niveles de violencia. © UNHCR/Marie-Helene Verney
Una foto de archivo de 2008 muestra a niños afrocolombianos desplazados en el asentamiento de Familias en Acción, en las costa del Pacífico cercana al puerto de Tumaco. Las comunidades afrocolmbianas que viven en esta costa han experimentado altos niveles de violencia. © UNHCR/Marie-Helene Verney
GINEBRA, Suiza, 17 de noviembre de 2017 (ACNUR/UNHCR). – Hoy se cumple un mes del asesinato de José Jair Cortés a manos de un grupo armado sin identificar. Cortés era uno de los líderes de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en Tumaco, en el suroccidente del departamento de Nariño, en Colombia.

Desde entonces, según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país, al menos otros siete líderes comunitarios más han sido asesinados, y muchos otros han sido amenazados. En lo que va de año, 78 líderes y miembros de organizaciones sociales han muerto; se sospecha asimismo de que se hayan cometido otros 13 asesinatos más. Datos alarmantes bajo cualquier circunstancia.

Cortés había recibido múltiples amenazas y por ello se encontraba bajo la protección de las autoridades en el momento de su asesinato. Era uno de los líderes del Consejo Comunitario de Afrocolombianos de la región, una comunidad que se había visto afectada por el desplazamiento masivo y la reclusión.

En 2017, unas 1.500 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia, y muchas más han estado viviendo recluidas, lo que implica que no podían acceder a cultivos o a la pesca para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Entre el 7 y el 12 de noviembre más de 46 familias fueron desplazadas forzosamente desde los municipios de Barbacoas y Tumaco. Líderes de estas áreas afirman que el número real de víctimas podría ser mucho más alto ya que las personas temen denunciar los abusos.

La implantación del acuerdo de paz de Colombia con la FARC, anunciado hace un año, ha implicado muchos desafíos para las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados y responsables de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extracción minera ilegal. El vacío de poder provocado por la desmovilización de la FARC ha convertido muchas áreas en territorios cuyo control se disputan grupos armados ilegales, algunos ya existentes y otros surgidos recientemente. Los retrasos y diversos problemas relacionados con la implantación local de los acuerdos del tratado de paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilegales o el desarrollo local, han incrementado la incertidumbre en un ambiente donde la presencia del Estado continúa siendo débil.

La protección adecuada de las poblaciones más afectadas, incluidos los desplazados internos, es crucial para consolidar la paz en Colombia. ACNUR urge a las autoridades colombianas a poner en práctica medidas de protección suplementarias tanto para las personas en riesgo como para las comunidades afectadas. Estas incluyen, entre otras, presencia policial en áreas focalizadas y la instalación de infraestructura de telecomunicaciones para mejorar las comunicaciones. De la misma manera, es importante contar con las autoridades indígenas y afrocolombianas para poder responder con eficacia a los retos que presenta la implantación del tratado de paz en los departamentos afectados por la presencia continuada de estos grupos armados.


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